Misión Permanente de la República Argentina en Naciones Unidas

 

Debate Abierto Sobre el Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales (19 de febrero)

Discurso pronunciado por la Representante Permanente de la República Argentina, Embajadora María Cristina Perceval en las Naciones Unidas.

 

Señor Presidente,

Agradecemos a la Presidencia lituana del Consejo de Seguridad por la convocatoria a este debate abierto sobre un tema tan importante para la organización, y valoramos su documento conceptual. Nos complace verlo, Sr. Canciller, presidiendo una vez más nuestras reuniones; así como contar con la participación del Canciller de la hermana República de Chile

Agradecemos al Secretario General la presentación de su Informe sobre las actividades del sistema de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho en situaciones de conflicto y post-conflicto (S/2013/341). Permítame saludar respetuosamente la presencia del Vice-Secretario General Eliasson y del Consejero Legal Serpa Soares.

El Consejo de Seguridad ha reconocido el nexo entre la vigencia del Estado de Derecho con instituciones firmes y eficaces y la paz y la seguridad internacionales, y también lo ha hecho la organización en su conjunto. Quisiera destacar en particular la Declaración de Alto Nivel adoptada por la Asamblea General el 24 de septiembre de 2012.

Pero,
Señor Presidente:

¿Como contribuir desde este órgano y en esta organización para construir un Estado de Derecho en sociedades resueltas y disueltas por conflictos armados o en comunidades atravesadas de incertidumbres y penurias después de haber sido escenario y encarnadura de las violencias que matan, hieren y humillan?

¿Cómo contribuir hoy, desde aquí, a promover y fortalecer el Estado de derecho en un tiempo de soberanías desiguales, de creciente interdependencia y de un formidable desplazamiento de poderes desde los Estados hacia instituciones extra- o supra- estatales sin reglas que condicionan y provocan una inefectividad estructural en la institucionalidad del estado de derecho históricamente destinada a la tutela de intereses generales, como la paz, la seguridad y los derechos fundamentales?

Es, por tanto, nuestro el desafío y la responsabilidad de consolidar las instituciones internacionales destinadas a ser la salvaguarda de la paz, el legítimo ámbito para la mediación pacífica de los conflictos, la regulación del mercado y la promoción, protección y garantía de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y de los bienes fundamentales (agua, aire, suelo, recursos minerales, energéticos, alimentos).

¿Cómo hacer para que la lesión del Estado de derecho y de la democracia sustantiva producida por las violaciones de los derechos humanos deje de ser estructural, que los crímenes contra la humanidad dejen de quedar impunes, que el progreso social venza al terrorismo penal y a la criminalidad sin ley de los poderes terroristas o mafiosos? Que las masacres de civiles, las matanzas indiscriminadas, las operaciones de limpieza étnica, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, las violencias contra las mujeres y sexista, las torturas, las privaciones de libertad ilegales, el tráfico de armas, de drogas, de personas, que los “gulags” de nuestro tiempo den paso a la vida, a la dignidad, a la libertad de las personas y los pueblos?

Sr Presidente

Argentina está convencida de que la perpetuación y proliferación de estas atrocidades proviene de que frente a estos delitos atroces, la impunidad sigue siendo una extendida regla. Y la impunidad es la otra cara de la retórica vacía sobre los derechos humanos y el estado de derecho en gran parte de la comunidad internacional, especialmente de los países más poderosos.

En este contexto, es justamente en situaciones de conflicto o post-conflicto cuando es más necesario asegurar que no impere la impunidad. Para ello, es menester cooperar con el establecimiento y el fortalecimiento de poderes judiciales independientes y sistemas de policía y penitenciarios apegados a las normas de derechos humanos.

Las comisiones de investigación de los hechos juegan un rol fundamental, sean éstas nacionales o internacionales. La Argentina se congratula que el Consejo haya expresado reiteradamente su voluntad de recurrir a la Comisión Internacional de Encuesta, creada por el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

En algunas situaciones, además de la justicia nacional, existen remisiones a la Corte Penal Internacional hechas por el Consejo o por los propios Estados Miembros. Aquí también las operaciones y misiones de las Naciones Unidas tienen un rol importante en el apoyo de los esfuerzos del Estado y de la propia Corte Penal Internacional. De particular relevancia resultan las Directrices del Secretario General sobre contactos no esenciales con personas sujetas a órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional (S/2013/210). 

Por ello, al establecer los mandatos de una operación de mantenimiento de la paz o misión especial, se debe abordar con la prioridad debida la capacidad de asegurar la vigencia del estado de derecho y la lucha contra la impunidad.

Sr. Presidente,

Frente al desafío de trazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio post 2015 y la triple e inexcusable dimensión de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es preciso repensar el Estado de Derecho en nuestras sociedades como síntesis expresiva de la tradición del pensamiento liberal para la cual el Estado de derecho se desarrolla como un sistema de límites o prohibiciones y garante de las libertades y autonomías individuales; y el horizonte político del estado social de derecho, como sistema de deberes positivos de hacer efectivos los derechos humanos por parte de los poderes públicos, acompañados de adecuadas técnicas e instituciones de garantía.
Es menester reconocer que el progreso de la democracia ha dependido y depende de la expansión de los derechos, esto es, por la ampliación del paradigma del estado de derecho al mayor número de personas y ámbitos de vida y de poder, de modo que en todas las situaciones los derechos fundamentales sean progresivamente protegidos y satisfechos.

Es cierto que los hombres y las mujeres de la humanidad de hoy somos en el plano jurídico más iguales que en cualquier otra época, pero también es cierto que, en la realidad, somos también escandalosamente más desiguales.

Los poderes sin reglas que imperan frecuentemente en los conflictos y que se desarrollan fuera de cualquier institución jurídica y en formas extralegales o aún ilegales son, sin duda, fuentes de anulación de las libertades y  de multiplicación de las desigualdades.

Son estas objetivas desigualdades las que pueden erosionar las bases de las democracias y del Estado de Derecho.

En este marco, resulta pertinente recordar que la Declaración de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional (A/Res/67/1) reconoce que “el estado de derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente, y de que el progreso del estado de derecho en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, lo cual, a su vez, refuerza el estado de derecho”. 

Sabemos que el crecimiento económico es un componente necesario, pero no el único, de una estrategia de desarrollo humano, social y ambiental sostenible, justo e inclusivo.

Y es la propia Carta de nuestra Organización la que instituye un vínculo realista entre paz y seguridad, por una parte, y derechos humanos, por la otra, cuando en el artículo 55 dice que “con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones … la Organización promoverá: a)niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

Por ello, poner fin a la escandalosa desigualdad es no sólo un deber fundamental impuesto por los pactos internacionales, sino una condición indispensable para garantizar la seguridad y la paz, con una política social internacional fundada en los derechos y no sólo en las ayudas. Para ello, el compromiso de la comunidad internacional es fundamental.

Las desigualdades en el acceso a derechos deben desaparecer, no ampliarse. De otro modo, las inseguridades seguirán creciendo y no habrá paz duradera.

Sr Presidente

Para finalizar, quisiera enfatizar la necesidad de liberarnos del yugo de la uniformidad, de la injusta prepotencia de toda categorización que pretenda rankear o jerarquizar países reiterando la trampa autoritaria de la imposición del único camino o aún peor, emulando la discriminatoria distinción entre “civilización y barbarie”, conocida y padecida por nuestros pueblos del sur durante los tres últimos siglos y que aún pretende buscar legitimidad a través de sutiles y destructivas formas de legitimación.

Por ello, la Argentina estima que sería conveniente que el Secretario General produjera un método para que los Estados Miembros junto a la organización puedan evaluar el impacto de las actividades en materia de Estado de Derecho. Tanto el mapa conceptual y las líneas de base deben ser universales en cuanto a la exigibilidad de los derechos humanos, pero contextualizadas a fin de poder dar cuenta de la diversa multiplicidad de nuestros mundos con identidades y dignidades diversas y plurales.

No se trata, por tanto, utilizar como bandera el noble fin de contribuir a edificar un Estado de Derecho para imponer al ritmo de la violencia homogeneizadora o la manipulación reduccionista un único modelo de Estado, erga omnes, y sin tener en cuenta, escuchar, comprender, integrar y expresar a través de él las inquietudes, necesidades, proyectos de vida y contratos sociales de los distintos pueblos. No sólo la democracia se conjuga en plural, también así debe imaginarse un Estado de Derecho legal, legítimo, realista y eficaz.

Por ello coincidimos en que al momento de contribuir a construir o reconstruir un Estado de Derecho debemos atender fundamentalmente a la forma en que los distintos estamentos de la Secretaría coordinan sus esfuerzos para cooperar en la reconstrucción, creación o consolidación institucional, teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada situación y escuchando las voces, todas las voces de quienes para reconocerse como comunidad y ser capaz de generar un nuevo contrato social basado en la paz, la seguridad, la libertad, el respeto a la vida, la dignidad, la igualdad y la plena vigencia del Estado de derecho.

En lo que hace a las actividades que el Consejo puede encomendar a una operación de mantenimiento de la paz o misión política especial, a partir del necesario reconocimiento de que no existen recetas universales, mi delegación favorece consideraciones caso por caso y ajustadas a la realidad y a las necesidades nacionales, más que a la producción por parte de la Secretaría de un menú preestablecido de opciones uniformes para las distintas y particulares situaciones.

Por ello, celebramos que en la integración de los componentes  se tenga debidamente en cuenta la necesidad de contar con asesores en materia de igualdad de género y protección de la infancia, con capacidades específicas para asistir a mujeres víctimas de violencia sexual y sexista, y a niños y niñas víctimas de distintos tipos de violencia. Asesores en materia de derechos humanos, como los provistos por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, resultan imprescindibles por cuanto es el enfoque de derechos humanos lo que constituye la base ética, política y jurídica del Estado de Derecho.

Asimismo, los mandatos deben ser claros y tener objetivos ajustados a la situación concreta, y deben incluir consultas con la sociedad y el Estado huésped, a fin de también asegurar la titularidad nacional de las actividades emprendidas.

- En cuanto a las actividades de la organización en materia de fortalecimiento del Estado de derecho, la Argentina comparte la necesidad de alcanzar una coordinación más consistente y coherente entre los diversos enfoques, prácticas y recursos. Es menester evitar duplicaciones y desplazar competencias ya existentes, así como no incurrir en la proliferación de estructuras burocráticas que terminen absorbiendo los escasos recursos que deben ser destinados a las actividades en el terreno, actividades que no pueden ser mera cosmética o gigantes con pies de barro, sino efectivos caminos para que cada comunidad delibere y defina, en libertad, con participación y en igualdad, su forma de vida y el Estado de Derecho que necesita y merece.

Señor Presidente,

Es necesario reconocer que el fortalecimiento del estado de derecho en el plano nacional va mucho más allá de los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales.

Junto a la titularidad nacional, la Argentina cree firmemente en la valía de mecanismos regionales de fortalecimiento del orden democrático, como los adoptados en el contexto latinoamericano y del Caribe, para la preservación de las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional.

 


Señor Presidente:

La Argentina apoya la Declaración de la Presidencia a ser adoptada, porque la consideración del fortalecimiento del Estado de Derecho es asunto tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad.

Este debate reafirma aquello que funda y orienta la Declaración de Alto Nivel de la Asamblea General, “los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan mutuamente y forman parte de los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas”.

Muchas gracias.

 

 


Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular





 

 

 
 
Palacio San Martin