Misión Permanente de la República Argentina en Naciones Unidas

 

Debate Abierto Protección de civiles en conflictos armados: protección de periodistas en conflictos armados

Buenos días  y gracias Sra. Presidenta,

Quisiera agradecer las consideraciones del Sr Eliason, Secretario General Adjunto, como así también la presencia en este Debate de los periodistas invitados.


Sra. Presidenta


La protección de civiles en conflictos armados es un tema al cual la comunidad internacional asigna una marcada importancia y por ello no sólo es legítimo sino necesario que el Consejo de Seguridad aborde este tema  profundamente.
Permítame entonces reconocer a la Presidencia por plantear la cuestión de la protección de los periodistas en conflictos armados por segunda vez en este Consejo, luego de que en 2006, cuando Argentina también era miembro de este órgano, se adoptara la resolución 1738 (2006). También quisiera reconocer el documento conceptual elaborado para este debate.


Sra. Presidenta,

El último informe del SG (S/2012/379) indica que “el estado de la protección de los civiles sigue siendo pésimo”, y enuncia entre las violaciones del derecho internacional humanitario que continúan produciéndose: los ataques sin distinción entre combatientes y no combatientes, ataques desproporcionados, el desplazamiento dentro y fuera de las fronteras, la violencia contra mujeres y niños, incluida la violencia sexual, el recurso a ataques aéreos, frecuentemente  desde aeronaves no tripuladas, y las acciones que impiden o dificultan la provisión de asistencia humanitaria, incluso ataques deliberados contra hospitales, escuelas y operaciones humanitarias. En muchas situaciones en el terreno, quienes exponen al mundo la comisión de estas violaciones del derecho internacional humanitarios son los y las periodistas.


Sra. Presidenta,

Sabemos que el periodismo es una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa e información  y es, también, un medio fundamental, en situaciones en conflicto y post conflicto, cuando la sociedad civil generalmente no cuenta con los recursos efectivos para exponer violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.


En ese mismo informe del SG, así como en el Informe de la Directora General de la UNESCO y otras fuentes, se da cuenta de la frecuencia y gravedad de los ataques de los que, en esta tarea, los hombres y mujeres periodistas son víctimas “selectivamente” atacadas. 


En el mismo sentido, la Declaración de la Presidencia sobre la protección de civiles en conflictos armados, adoptada en febrero de este año, también refleja la preocupación del Consejo por estos ataques.


Sra. Presidenta,

Para garantizar la protección de civiles en conflictos armados,  es preciso abordar adecuadamente dos elementos: el respeto del derecho internacional humanitario en cuanto a los ataques contra periodistas y la lucha contra la impunidad.
El Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977), en que la Argentina es Parte, dispone que “los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles ” . Esa norma, contenida en el Protocolo I, no hace más que confirmar una regla del derecho internacional consuetudinario según la cual los periodistas tienen la condición de “civiles” a los efectos del derecho internacional humanitario.


Asimismo, a los efectos de la protección que brinda el derecho humanitario, incluido el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra relativo a los conflictos armados no internacionales, entonces, los periodistas y sus auxiliares son “no combatientes”, y deben ser protegidos como tales, incluidos sus equipos.


Sra. Presidenta,

El Informe de UNESCO, presentado en marzo de 2012, indica que en el bienio 2010-2011, 127 periodistas y trabajadores de medios habían sido asesinados, y que dicha cifra indicaba un incremento respecto del bienio anterior.

El Informe propuso un Plan de Acción de las Naciones Unidas que fue adoptado también en 2012 por la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas (CEB). Esperamos que el Plan de Acción, cuya segunda reunión inter-agencias tuvo lugar a fines de 2012, contribuya a fortalecer las medidas para proteger a los periodistas en situaciones de conflicto y post-conflicto así como a reforzar la convicción de que es necesaria la rendición de cuentas.

 

Señora Presidenta,

Estas dos preocupaciones, el respeto por el derecho internacional humanitario y la impunidad, fueron también reflejadas en la resolución 21/12 del Consejo de Derechos Humanos, adoptada en noviembre de 2012. La resolución, copatrocinada por más de 50 países, incluida la Argentina, condena enérgicamente los atentados y toda violencia contra los periodistas, y expresa su preocupación porque los atentados contra periodistas queden muy frecuentemente impunes.

 

Señora Presidenta:

Permítame abordar un aspecto de la protección de periodistas en conflictos armados, desde una dimensión que no se ha incorporado a este debate y que creo sustantiva, porque pone en evidencia situaciones y condiciones que impactan decididamente en la vulnerabilidad con que los hombres y mujeres periodistas desarrollan su tarea en situaciones de conflicto.

Suele decirse que la primera víctima de la guerra es la verdad.

¿Deberemos admitir también que la segunda víctima son los hombres y mujeres encargados de contarla?

¿Por qué digo esto? Porque como bien lo señalara la Organización Internacional del Trabajo en un artículo que publicó en el 2003, hubo un momento durante la guerra en Afganistán en la que las bajas entre los reporteros superaban en número a las bajas militares.

Pero ¿qué factores explican esta dramática realidad? ¿Quién se hace cargo de la seguridad de los periodistas en un contexto en el que los riesgos de los trabajadores de prensa en los conflictos armados se incrementan cada año?

 

Sra. Presidenta,

En un mundo donde los cambios económicos y tecnológicos en la industria periodística ponen aún más presión sobre los trabajadores de prensa para producir más noticias a mayor riesgo y menor costo, vemos frecuentemente que, especialmente, las grandes corporaciones de medios de comunicación, en su afán por “ahorrar fondos”, se sirven de profesionales por cuenta propia y de corresponsales locales a tiempo parcial en detrimento del personal a tiempo completo. Aunque las definiciones y el tratamiento de estos trabajadores autónomos por parte de las empresas varían considerablemente, muchos de ellos carecen en ocasiones de seguro como parte de su retribución, así como de un suministro de dinero en efectivo que pueda sacarles de las situaciones de emergencia o riesgo objetivo.

En el marco del modelo económico aún hegemónico, que se caracteriza por generar contextos de profunda y extensa informalidad en el mercado laboral, también en el sector de actividad del periodismo, la precariedad laboral de “los periodistas de guerra” potencia los riesgos a que los hombres y mujeres se exponen en su trabajo.

Hace pocos días, la periodista Francesca Borri relataba en el Columbiua Journalism Review cúan normal es sacrificar la seguridad propia en su trabajo en Aleppo para competir por los escasos recursos que ofrecen las compañías y cito: “Los editores no ven la diferencia entre que uno esté en Aleppo, en Gaza o en Roma. El pago es el mismo: 70 dólares la nota. Incluso en Syria, donde los precios se triplican por la especulación rampante. Dormir en una base rebelde como ésta en la que duermo, bajo fuego, con agua amarilla que me ha contagiado tifus, cuesta 50 dólares la noche, un auto cuesta 250 dólares por día… Uno no sólo no puede pagar un seguro –es de casi 1000 dólares por mes-, sino que tampoco puede pagar un asistente o un traductor”.

Por tanto, ni las empresas que los contratan ni los ejércitos sobre los que escriben asumen, en muchos casos, la responsabilidad primaria por la protección de los periodistas en zonas de conflicto.

Generalmente, las compañías que más beneficio obtienen del trabajo arriesgado de los periodistas son las que menos invierten en la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto, ni en su equipamiento, ni en su formación ni asumen los daños que puedan haber sufrido al ejercer su tarea.

También es preciso decir que el nuevo sistema de “integrar” a los periodistas en las unidades militares que actúan sobre el terreno ha propiciado un mayor acceso de la prensa al campo de batalla, pero que ha aumentado considerablemente los riesgos puesto que desde esa posición son expuestos a asumir riesgos más graves que nunca con el objetivo de llevar las noticias a los hogares “en vivo.”


Sra. Presidenta,

Para finalizar quiero decir que con el mismo énfasis que señalo las precarias condiciones de trabajo de periodistas que cubren conflictos, quiero decir que es imperativo poner fin a la impunidad por violaciones al derecho de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, cometidas contra periodistas, como parte de la población civil. Es escandaloso reconocer que el 60% de los 995 asesinatos a periodistas en conflictos armados, desde 1992, continúa impune.

Por ello, hacemos nuestras las recomendaciones que recibiéramos los miembros del Consejo de Seguridad en una nota firmada por 11 organizaciones de periodistas, que por razones de tiempo no las enumeraré a todas, pero que reconocemos su prestigio y trayectoria como es el caso del Committee to Protect Journalists o la International Federation for Human Rights.

Este Consejo debe reconocer la particular vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en situaciones de conflicto; y este Consejo debe incorporar al momento de definir el mandato de una misión de mantenimiento de la paz, no sólo el enfoque de derechos humanos como enfoque transversal sino también definir mecanismos para asegurar la protección de los periodistas como un grupo particular dentro de la población civil, por cuanto está expuesto a riesgos específicos y especiales amenazas.


Señora Presidenta:

Es claro para todos que, aún con todas las precauciones necesarias debidamente implementadas, los periodistas en conflictos armados, ejercen una profesión de riesgo, en la que sus vidas están en peligro.

Sin embargo, muchos de los ataques sufridos y las violencias experimentadas por periodistas y muchas de las muertes contabilizadas en la última década no son una condición necesaria de la profesión, ni un derivado automático de la guerra. Son más bien el fruto de cambios tecnológicos, nuevas estrategias militares con la prensa y tiene que ver con condiciones de trabajo específicas para una economía –especialmente la de las grandes corporaciones mediáticas- en la que la guerra es un gran negocio pero los seres humanos somos descartables, también los periodistas.

Por ello, insisto: para que el compromiso de este CS con la protección de civiles, en este caso de los periodistas, sea una realidad efectiva, es necesario fijar nuestra atención no tan sólo en los escenarios de conflicto en los que los periodistas ejercen su tarea, sino en las condiciones profesionales, económicas y estructurales en las que se respalda su trabajo.


Sra Presidenta,

Termino agradeciendo a los periodistas aquí presentes, Sra. Carroll y los Sres Mustafa Haji Abdinur, Richard Engel y Ahaith Abdul-Ahad y rindiendo un homenaje a los hombres y mujeres periodistas de mi país que fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el Terrorismo de Estado.

No fue una guerra la que secuestró, encarceló, torturó y asesinó en mi país a más de 100 periodistas. Fue la violencia desenfrenada de una dictadura cívico-militar que quería aniquilar la libertad de pensar, decir y vivir a quienes querían, como nosotros, un mundo más justo. En este contexto, permítame rendir homenaje a un periodista extranjero, a Robert Cox quien escribió una nota en la que denunció la sistemática, masiva y cruel violación de los derechos humanos en Argentina a través de una nota que publicara el Buenos Aires Herald. Ese periodista se animó a decir lo que estaba pasando en mi país.

Puede resultar paradójico, pero así fue. Fue esta nota la primera en informar de manera abierta, a través de este medio, los crímenes atroces de la dictadura cívico-militar.

Posteriormente a la publicación de esa nota, Robert Cox fue detenido ilegalmente en 1977 y debió irse del país en 1979. Por decir la verdad. Sólo por decir la verdad.

Espero, sinceramente, que también para los periodistas que cubren conflictos armados, se haga realidad el Nunca Más.

Muchas Gracias.

 

17 de julio de 2013

 


Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular





 

 

 
 
Palacio San Martin