Misión Permanente de la República Argentina en Naciones Unidas

 

Consejo de Seguridad, Septuagésimo año, 7361ª sesión, Lunes 19 de enero de 2015. Canciller Héctor Marcos Timerman.

Sra. Presidenta: Permítame expresarle el orgullo de la Argentina al ver a la hermana República de Chile pertenecer a este Consejo, y en esta ocasión por verla a usted presidirlo. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para felicitar a la República Bolivariana de Venezuela por incorporarse a este Consejo, y al amigo Rafael Ramírez por estar aquí presente. Deseo agradecer la invitación a participar en este debate sobre un tema de crucial importancia para la realidad internacional, como es el rol del desarrollo inclusivo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. También quisiera agradecerles al Embajador Antonio Patriota y a la Sra. Leymah Gbowee sus informes, así como su dedicación a este importante tema.
En este momento están teniendo lugar importantes negociaciones en el marco de esta organización, de las cuales participan, democráticamente, la totalidad de los países de las Naciones Unidas con el compromiso y la responsabilidad de diseñar un acuerdo, para una nueva agenda de desarrollo para los próximos 15 años que sea una digna sucesora de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que logre completar el objetivo de erradicar la pobreza. El Consejo de Seguridad no puede estar de espaldas a este proceso, y es por ello que consideramos oportuno un diálogo abierto que vincule la tarea pen  diente para el logro del desarrollo inclusivo con otras cuestiones fundamentales de la agenda internacional, tales como la paz y la seguridad internacionales.
La Argentina sostiene que cualquier agenda de desarrollo de las Naciones Unidas debe estar basada en la perspectiva de los derechos humanos, es decir, debe apuntar a lograr que todos los hombres y las mujeres del mundo tengan acceso a sus derechos y disfruten de las libertades fundamentales.
Tal como viene manifestando mi país, tanto por circunstancias históricas como por las convicciones políticas de nuestra sociedad, la clara interrelación e interdependencia existente entre desarrollo, derechos humanos, paz y seguridad internacionales, hace que estas cuestiones no puedan ser abordadas en forma completa  mente disociada. Es en la Asamblea General donde se han desarrollado las capacidades y herramientas indispensables para definir, consensuar, apoyar y dar seguimiento a los esfuerzos de la comunidad internacional en pos del desarrollo sustentable en sus tres dimensiones. Oportunidades como la presente, nos permiten, en con  secuencia analizar las formas de mantener los canales de comunicación abiertos y atentos para evitar compartimentos estancos o enfoques de doble estándar.
Las políticas públicas de desarrollo con inclusión social son el camino de progreso que hemos elegido en nuestra región y esperamos que la nueva agenda inter  nacional continúe con el rumbo del desarrollo inclusivo. En efecto, el desarrollo sin exclusiones nos convoca a consolidar sociedades donde se avance en la restitución y la ampliación de derechos y en la consolidación de un Estado nacional presente, activo y promotor de dichas políticas públicas, en permanente articulación con los gobiernos provinciales y locales y las organizaciones sociales, desarrollando e implementando iniciativas re  paradoras de las desigualdades sociales, en una tarea de búsqueda permanente de la inclusión.
Esto conlleva necesariamente una concepción de las personas, las familias y las comunidades como porta  doras de derechos y nos exige el reconocimiento efectivo de todos los derechos fundamentales y de la elaboración de políticas antidiscriminatorias activas. Nos demanda reforzar el compromiso de las Naciones Unidas con una perspectiva integral de los derechos humanos.
Esos son los objetivos que guían a la Argentina a establecer un marco más amplio para la inclusión, de la mano de la promoción de un cambio cultural necesario para combatir, en forma estructural las fuentes de discriminación y construir una sociedad con mayores espacios de representación, reconocimiento y participación ciudadana. Todo ello en el convencimiento de que el desarrollo inclusivo y la lucha contra la discriminación contribuyen a la estabilidad y al fortalecimiento de la democracia, incluyendo la gobernanza de los asuntos públicos, la vigencia del estado de derecho, el arreglo pacífico de las controversias y, por ende, a la paz y la seguridad internacionales.
La Argentina condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y llama a priorizar la prevención y el combate contra el terrorismo en el marco multilateral, asignándole fundamental importancia a la estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, aprobada por la Asamblea General hace ya ocho años, y a sus cuatro pilares. Al respecto, me permito enfatizar que la estrategia reconoce e incluye un primer pilar referido a las medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo. Estas condiciones incluyen, especialmente, las violaciones de los derechos humanos; la discriminación por motivos étnicos, de nacionalidad y religiosos; la exclusión política y la marginación socioeconómica. Aun cuando estas de ningún modo justifican las acciones terroristas, se debe reconocer que pueden favorecer la radicalización y el reclutamiento para la ejecución de estos actos.
La Argentina está convencida de que la base de la prevención está dada por las políticas que promueven el pleno respeto de los derechos humanos y las políticas de inclusión social de los sectores más vulnerables de la población. Los jóvenes y los migrantes son potenciales grupos vulnerables frente a la radicalización y el reclutamiento, especialmente si están desempleados o marginados. Ningún delito trasnacional ni grupo terrorista encontrará terreno fértil en sociedades que alcancen a incorporar en su desarrollo niveles más elevados de con  vivencia pacífica a partir de la justicia social y donde la eliminación de la pobreza sea un objetivo central de las políticas de desarrollo. En esta línea, la mera noción represiva de la lucha contra el terrorismo debe ser complementada con los esfuerzos en pro de la igualdad, de la erradicación de la pobreza, de la promoción del trabajo decente, la educación, y el acceso universal a la salud. En otras palabras, se trata de promover el desarrollo con inclusión social como desafío prioritario para alcanzar resultados concretos para enfrentar más eficazmente la amenaza planteada por el delito trasnacional y por el terrorismo internacional, reduciendo significativamente las condiciones que favorecen su propagación.
Permítame, para concluir, citar el documento final del Grupo de Trabajo, endosado en septiembre por la Asamblea General, en cuyo seno se acordó el marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible y se establecieron 17 objetivos acordados para orientar el trabajo renovado de la comunidad internacional hacia el logro del desarrollo inclusivo. Recordemos que este documento establece que las personas son el centro del desarrollo sostenible y que la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad. Su erradicación, junto con la modificación de las modalidades de producción y consumo no sostenibles y el fomento de modalidades sostenibles, así como la protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son los objetivos globales del desarrollo sostenible y constituyen requisitos fundamentales para lograrlo.
Este documento, que es el resultado de más de un año de trabajo profundo por parte de todos los Esta  dos Miembros, con el aporte del sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y expertos internacionales, mediante amplios procesos de consulta reafirma claramente la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre ellos, el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación y el agua, el estado de derecho, la buena gobernanza, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo.
Estamos convencidos de que solo a través del desarrollo inclusivo basado en la igualdad de derechos y el pleno respeto a la diversidad y a la dignidad de todos y todas, podremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, de justicia y derechos humanos y contribuir, de este modo, a lograr mantener la paz y seguridad internacionales de manera más duradera y efectiva.

 


 

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular





 

 

 
 
Palacio San Martin